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miércoles, 12 de diciembre de 2018

Capturado el campeón de la defraudación en Altamira y Suaza

El contador público, John Willmer Barrera Meneses, el campeón de la defraudación, fue capturado el domingo pasado en su residencia en Garzón, por un escandaloso caso de corrupción cuando se desempeñó como secretario de Hacienda con funciones de Tesorero en Altamira.
La cadena de irregularidades fue registrada por LA NACIÓN en varios cubrimientos que pusieron al descubierto las maniobras contables utilizadas para apoderarse de pequeñas sumas de dinero.
El joven profesional, de 34 años, quien ejerció ese cargo sucesivamente en tres administraciones, fue detenido cinco años después de haber sido destituido del cargo al ser descubierto.
La Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar y ofrecer al intentar sobornar a uno de los funcionarios de la Contraloría que lo investigaba por el desfalco.
“El ex funcionario le ofreció una coima por valor de ocho millones de pesos a cambio de torcer la decisión fiscal”, afirmó el director seccional de Fiscalías, Justino Hernández. Barrera Meneses aceptó sin reservas los cargos imputados por la Fiscalía.
El juez Octavo Penal Municipal de garantías le dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria, al confirmar que ya no tenía la capacidad ni el poder para ocultar o manipular las pruebas.
La Fiscalía apeló solicitando la detención carcelaria por la gravedad de los delitos contra la administración pública.  Barrera afrontó dos procesos de responsabilidad fiscal, dos destituciones y una inhabilidad de 15 años para desempeñar cargos o funciones públicas.
En el caso de Altamira, la Contraloría Departamental confirmó la ilícita apropiación de  recursos públicos. El desfalco sucesivo lo cuantificó en esa época en $135 millones de pesos.
Por el robo en Suaza lo declaró fiscalmente responsables y lo condenó a pagar con interés 117 millones de pesos que se apropió sucesivamente durante los diez meses que estuvo en esa posición. Un acuerdo de pago, logrado en mayo de 2015, fue revocado porque el funcionario no cumplió. Hoy está en cobro jurídico.
Destitución
El 16 de diciembre de 2016 el procurador Provincial de Garzón Yofran Mauricio Silva lo sancionó con destitución y le impuso una inhabilidad de 15 años al encontrarlo disciplinariamente responsable por la defraudación ocurrida en Altamira.
Ahora, tendrá que responder penalmente por las irregularidades. Sin embargo, en el pliego de cargos formulados en las audiencias concentradas sólo aparecen las anomalías cuando estuvo en Altamira.
El historial
Barrera Meneses fue designado inicialmente por el alcalde Luis Eduardo Soto, quien fue condenado a 48 meses de prisión por irregularidades en materia de contratación. Esa condena lo sacó del cargo.
El consentido contador desempeñó  funciones de tesorero de Altamira entre septiembre de 2009 y diciembre de 2011.
El alcalde atípico Alfonso Lizcano Romero, lo ratificó en el cargo. El mandatario liberal descubrió las anomalías a finales de diciembre de 2013 y lo destituyó del cargo.
Lizcano Romero denunció las anomalías, lo que originó una investigación fiscal.
Aun así,  fue nombrado en el mismo cargo pero en el vecino municipio de Suaza, donde replicó sin ningún pudor, las maniobras contables.
Robo en Suaza
Tres meses después de haber asumido el cargo repitió los mismos procedimientos utilizados en Altamira que le costaron su relevo del cargo. Las irregularidades fueron denunciadas por testigos.
Para comenzar su ‘gestión’, el  ex secretario de Hacienda giró tres cheques a su nombre por 4,11 millones de pesos supuestamente para pagar los descuentos efectuados en las nóminas de los pensionados de Suaza.
Los dineros los consignó en su cuenta personal, abierta en una sucursal bancaria en Garzón aparentemente para efectuar la operación por débito automático.
“Los cheques girados por el ex secretario de Hacienda de Suaza  sumaron ($4.105.840), superior al pago efectuado por transferencias realizadas en efectivo por el mismo funcionario a través del aplicativo Pila, generándose una diferencia de 407.924 pesos”, reportó el funcionario de la Contraloría Departamental que adelantó la investigación.
El 20 de marzo de 2012 giró de una cuenta corriente oficial otro cheque por valor de 15,85 millones de pesos, para cumplir compromisos oficiales. Nada de esto ocurrió.
Solo consignó 2,71 millones (21 de marzo de 2012). Ese fue el único pago realizado en efectivo. El resto 13,13 millones pasaron a sus cuentas personales.
Las cuotas fueron debitadas automáticamente de la cuenta corriente oficial denominada “sobretasa a la gasolina” del Banco BBVA sucursal Garzón cuyo titular es el Municipio de Suaza.  Lo probado: la operación no correspondía a un traslado de fondos, como lo quiso hacer aparecer sino al cobro del cheque No. 2237.
Las cuotas del crédito correspondiente al periodo marzo-junio de 2012, fueron canceladas en la modalidad pago directo por descuento automático.
El 25 de mayo de 2012 de la misma cuenta retiró por ventanilla la suma $342.784 sin ningún soporte. El valor de este cheque aparece registrado en el auxiliar bancario por concepto de gravámenes, comisiones, chequeras e IVA.
Según la Contraloría, la administración no giró el cheque como era lo correcto sino que terminó en el bolsillo del funcionario.
El organismo fiscalizador confirmó que efectivamente el cheque fue girado y cobrado por el ex secretario de Hacienda John Willmer Barrera Meneses, actualmente capturado.
Impuesto predial
También fueron confirmadas las irregularidades en las liquidaciones y recaudo del impuesto predial unificado correspondientes al 2012. En por lo menos 20 casos se reportó un menor valor, sin ninguna argumentación.
El recaudo recibido por pago del impuesto predial el 31 de marzo de 2012 ascendió a 4.5 millones de pesos. Sin embargo, de este valor solo giró extemporáneamente 182.030 pesos por sobretasa bomberil y otros 423.234 pesos a la CAM por sobretasa ambiental.
El resto ($3.895.740) terminó en sus cuentas personales y quedó consignado como faltante. El 4 de mayo de 2012 se reportó una transferencia irregular de $19,96 millones a una cuenta bancaria que había sido cancelada dos meses antes, para legalizar un cheque por $7,32 millones cobrado por ventanilla.
Adicionalmente, el extracto de la cuenta fue modificado frente al original expedido por el banco. El equipo auditor detectó que la nota bancaria inicial fue elaborada para registrar contablemente la transferencia hecha por Emgesa equivalente a la suma de $5.695.254.
“La nota bancaria 2012000140 fue modificada con el fin de camuflar el cobro del cheque No. 314 por valor de $7.312.629 cobrado por ventanilla el 30 de mayo de 2012”, reportó el jefe de responsabilidad fiscal, Carlos Hernán Suárez.
Chequera nueva
El 28 de junio de 2012, apareció cobrado otro cheque No. 370 por valor de $20.010.955. El cobro lo hizo personalmente y sin ningún problema el ex secretario de Hacienda Barrera. Curiosamente, el título valor no pertenece al consecutivo del mes de la cuenta corriente sino a una numeración posterior no utilizada.
Para cubrir la irregularidad el ex funcionario modifico el extracto bancario del mes de junio para ocultar el cobro por ventanilla.
El 19 de julio de 2012 el mismo funcionario cobró el cheque No. 365 por valor de $15.174.045.  La erogación la ‘legalizó’ mediante nota bancaria (traslado para uso de cuenta puente).
Sin soportes
El funcionario giró siete cheques (1437, 2237, 240, 314, 370, 365 y 356) sin soporte legal que justificara la erogación de los recursos públicos.
“Los dineros recaudados por concepto de impuesto predial unificado en el mes de marzo de 2012 no ingresaron al patrimonio público del ente territorial”, concluyó el director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Carlos Hernán Suárez.
En su criterio, el ex secretario de Hacienda de Suaza ejecutó ‘maniobras contables’ para erogar recursos públicos sin justificación válida, desconociéndose el destino de los dineros, causando de esta manera un detrimento patrimonial cuantificado en la suma de $97, 92 millones.
La suma debidamente indexada fue cuantifica en 116,34 millones de pesos. La Compañía de Seguros La Previsor sólo respondió por 63 millones de pesos.
El ex funcionario haciendo uso de la potestad de manejar, administrar, conservar y recaudar los recursos públicos, dispuso la erogación de ciertos recursos públicos a través de cheques girados a su favor sin justificación legal alguna
Además, pretermitió el ingreso de dineros públicos por concepto de recaudo del impuesto predial unificado.
Las notas bancarias de traslados de fondos realizadas por concepto de ‘transferencias entre cuentas internas’ elaboradas inicialmente por determinadas cuantías, fueron modificadas posteriormente en el software de la Secretaría de Hacienda Municipal, incluyendo nuevas sumas de dinero sin ningún soporte, transacciones éstas que aparecen pagadas por ventanilla con cheques girados a favor del ex funcionario.
“Barrera Meneses sabía y era consciente de las irregularidades que cometía y de las consecuencias jurídicas que ello acarreaba. Como contador tenía la capacidad de advertir que sus actuaciones eran contrarias a derecho, sin embargo decidió llevarlas a cabo por un periodo de siete meses, hasta ser descubierto por la misma administración municipal de Suaza”, explicó el director de responsabilidad fiscal.
“Barrera Meneses- agregó- recurrió a varias maniobras contables para ocultar los giros de dineros que hacía sin ningún soporte desde la Secretaría de Hacienda Municipal, con el fin de darles una apariencia de legalidad, circunstancia que demuestra claramente su conocimiento y consciencia al ejecutar los hechos ilícitos”.
“En esa medida quedó suficientemente demostrada la conducta dolosa desplegada por el entonces Secretario de Hacienda Municipal frente al acaecimiento del daño patrimonial al Estado, reflejada en un actuar sistemático, hábil, consciente y engañoso en el giro irregular de varios cheques, la gran mayoría a su nombre”, precisó.
“En total fueron girados y cobrados recursos públicos en la cuantía de $42. 497.629  sin ninguna justificación contable. Por consiguiente, dicho valor constituye igualmente un detrimento patrimonial al Municipio de Suaza”, concluyó la Contraloría al imputarle responsabilidad fiscal.
Adición ‘chimba’
El 27 de septiembre de 2012, erogó la suma de $193,15 millones destinados a la construcción de vivienda nueva para 47 familias de desplazados denominado Picuma-Guayabal-Picumita-El Vergel. El beneficiario era la Corporación El Sinaí de Caquetá, encargada de la ejecución del proyecto de vivienda.  El giro de los recursos se convirtió en una oportunidad de oro para defraudar al municipio.
El primero de octubre de 2012 mediante cheque de gerencia emitido por el Banco Agrario el funcionario autorizó el desembolso de los recursos públicos.
Sólo que comprobante de egreso fue modificado en su valor y su movimiento financiero y contable, acrecentándose el valor de la erogación de recursos públicos en la cuantía de $36, 56 millones para un desembolso total de $229.71 millones.
La modificación consistió en incluir una partida presupuestal por concepto de cuenta de gastos 58159301 denominada “ajustes saldos vigencias anteriores” en la cuantía ya identificada.
La cuantía adicional se realizó mediante cheque No. 356 el 26 de septiembre de 2012 a favor del ex secretario de Hacienda John Willmer Barrera Meneses. Los recursos provenían de la sobretasa a la gasolina destinada para inversión, especialmente para mantenimiento vial, pero terminaron en su poder.

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